BARRIO SEBASTIAN

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HISTORIA DE LA RESISTENCIA

  En agosto de 2008, unas 150 familias fueron desalojadas, del predio donde estaban instaladas, por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Unos 600 efectivos de la Policía Bonaerense, de la montada y hasta integrantes del grupo Geo, arrasaron con las casas que habían construido en un terreno perteneciente al Estado provincial.

 

Ante esta situación optaron por vivir literalmente en la calle: construyeron sus casillas sobre el pavimento, a la espera de las soluciones prometidas. Casi tres meses pasaron desde que el ministro de Justicia bonaerense les asegurara que encontraría “una solución inmediata”.

 

“Por acá no pasás”, dijo y enfrentó a la topadora que estaba a punto de destruir su casa. Semejante valentía la hizo a Luciana Reynoso merecedora del cargo de presidenta de la comisión de delegados, elegida por sus propios vecinos. El grupo se completa con otros doce representantes de cada manzana del barrio devastado. Allí, en un predio de 28 hectáreas, habían comenzado a construir sus casas unas 350 familias argentinas, bolivianas, peruanas y paraguayas.

 

Atento a la lucha de casi 6 meses y a las incansables reuniones y reclamos ante el Ministro de Justicia Ricardo Casal, el Estado provincial reconoce la necesidad de tierras, y otorga a las familias un predio ubicado unos metros atrás del asentamiento desalojado.

 

Este nuevo predio tiene a sus espaldas, como límite, un murallón perteneciente a la Unidad Penal N° 40 de Lomas de Zamora,  que vierte los desagües cloacales sobre un brazo del Riachuelo que pasa por uno de los costados del barrio. Frente al mismo, la empresa de recolección de basura “Covelia” tiene un predio de 100 hectáreas que le vendió la Universidad Nacional de La Plata.

 

Desde el Estado se reconoce la necesidad pero se obra sin ver. Sin pensar que en esas tierras crecen niños y familias completas, reconocen la necesidad de tierra pero se olvidan de todo otro derecho. Siendo, además, el mismo Ministerio de Justicia quien ordena el desalojo y, luego cede tierras para vivienda en condiciones inhumanas; el mismo estado que vende a un particular, a una empresa privada, un predio donde tranquilamente albergarían a muchas más familias en situación de calle. Obra sin querer ver.

 

Incansablemente, y sabiendo que la lucha continúa, las familias se movilizan y a partir de una organización barrial pelean y reclaman por sus derechos.

 

Despues de tres años de lucha y resistencia, despues de tantas cosas vividas, alegrias, tristesas, logros y fracasos, se logro que se diera cumplimiento al compromiso asumido por el Ministro Casal a solucionar la situacion generada a las familias. Asi el miercoles 13 de abril de 2011, se entrego el titulo de propiedad del terreno donde se construyo el Barrio y habitan 108 familias, a la Fundacion del Padre Luis Farinelo a favor de los vecinos del Barrio. Como asi tambien el compromiso del Intendente de Lomas Rosi y el Ministro Casal del entubamiento del desague cloacal de la penitenciaria 40 que pasa por el Barrio, la apertura de las calle internas y de acceso al Barrio y la entrega de materiales para la construccion de las viviendas del Barrio. Asimismo ya esta trabajando la Escribania de Gobierno de la Pcia Bs As en las escrituras individuales a favor de cada vecino.

La Lucha continua

 

El Barrio cuando comenzamos.

 

 
Sociedad  |  Sábado, 29 de Noviembre de 2008
Vecinos desalojados de un predio tomaron una calle en Lomas

Viviendo sobre el asfalto

En el barrio El Olimpo, unas 150 familias fueron desalojadas en agosto, por la policía, del predio donde estaban instaladas. Desde entonces, viven literalmente en la calle: construyeron sus casillas sobre el pavimento, a la espera de las soluciones prometidas.

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Los vecinos decidieron acampar en la calle, uno de los límites del predio que habían tomado.

Sobre el asfalto de Capitán Giachino, una de las pocas calles de cemento de El Olimpo, un barrio de las afueras de Lomas de Zamora, la sensación térmica superaba esta semana por más del doble la del termómetro oficial. Ahí mismo, en el cemento hirviente, cerca de 150 familias montaron casillas precarias donde viven desde agosto, cuando unos 600 efectivos de la Policía Bonaerense, de la montada y hasta integrantes del grupo Geo arrasaron con las casas que habían construido en un terreno perteneciente al Estado provincial y los pusieron “de patitas en la calle”, señaló Wilma Llaqur, una de las habitantes. Decidieron acampar en la calle, uno de los límites del predio, para “que no se olviden de nosotros”, explicó Carlos Apaza, cabeza de otra de las familias damnificadas. Casi tres meses pasaron desde que el ministro de Justicia bonaerense les asegurara que encontraría “una solución inmediata”. Recién esta semana el escribano general adjunto del gobierno bonaerense, Luciano Scatolini, los convocó a integrar una mesa de trabajo con el objetivo de discutir una propuesta de terrenos y un plan de autoconstrucción. A la cita, el lunes próximo, no concurrirán solos: serán respaldados por el cónsul de Bolivia, José Alberto, y el sacerdote Luis Farinello, que apoyaron la lucha desde el primer momento.

“Por acá no pasás”, se atrevió a enfrentar a la topadora que estaba a punto de destruir su casa. Semejante valentía –probablemente surgida por demasiada furia– la hizo a Luciana Reynoso merecedora del cargo de presidenta de la comisión de delegados, elegida por sus propios vecinos. El grupo se completa con otros doce representantes de cada manzana del barrio devastado. Allí, en un predio de 28 hectáreas que se extiende entre Giachino, el Instituto Técnico de Santa Catalina, una planta de Edesur y las vías del ferrocarril Sarmiento, habían comenzado a construir sus casas unas 350 familias argentinas, bolivianas, peruanas y paraguayas.
El desalojo del 12 de agosto arrasó con todo. “Lo de cemento lo pasaron por arriba y las casillas que aún eran de madera, las incendiaron. Rompieron todo con una violencia, con un nivel de discriminación increíbles”, detalló uno de los delegados, Herasmo López. La policía actuó “sin respetar ningún procedimiento judicial: sin un fiscal presente, en feria judicial y sin notificación previa”, sostuvo Sebastián Cuccia, uno de los abogados del grupo.
Cuccia supo de la situación de la gente a las pocas semanas de ocurrido el desalojo. El primero en enterarse fue Alberto, el cónsul de Bolivia: lo llamó uno de los vecinos en el mismo momento del desastre. Junto con Farinello, anoticiado de lo ocurrido por Cuccia –hijo de uno de los abogados de la fundación que el cura dirige en Quilmes–, comenzaron a trabajar en una solución.
El primer paso fue acudir al gobierno comunal, donde pidieron hablar con el intendente, Jorge Rossi, sin éxito. “Personal de Seguridad de la municipalidad nos dijo que Lomas de Zamora no tenía nada que ver. Sin embargo, los vecinos estaban segurísimos de que los camiones en donde los policías cargaron los restos de las casas rotas y las cosas que había allí dentro eran de la municipalidad”, aseveró Alberto.
A principios de septiembre consiguieron una audiencia con el ministro de Justicia bonaerense, Carlos Casal. La idea era recibirlo sólo a Farinello. Pero en la reunión entraron, además, allegados del cónsul, los abogados y los delegados. Le mostraron imágenes de la violencia del desalojo, frente a lo que el funcionario bonaerense, “espantado”, les prometió “en 72 horas, un terreno y materiales para comenzar a construir”, contó Reynoso. Tres meses después, no tiene noticias para llevarle a la gente.
El escribano de la provincia aseguró que desde ese organismo “se está trabajando para llevar adelante un programa de repartición de tierras fiscales a los municipios del conurbano, para que las destinen a vivienda social”. Según sus propios cálculos, ya fueron entregados cerca de cinco millones de metros cuadrados.
Al parecer, ahora sería el turno de ellos. “Nos trataron bien y nos prometieron solución inmediata de los problemas, cosa que se fue alargando”, apuntó Farinello. El tiempo pasó sin traer ningún cambio. “Dejó de atender los llamados. Luego comenzamos a tratar con uno de sus asesores, que tampoco nos dio soluciones”, se lamentó.
Los rumores sobre la existencia de terrenos en Lomas de Zamora, en Ezeiza y finalmente en Esteban Echevarria aparecían y se desvanecían a los pocos días, provocando el mismo efecto en la esperanza de la gente. La siguiente reunión las autoridades la concedieron el 13 de noviembre.
“La tierra es un bien escaso, sobre todo en lugares tan poblados (como Lomas de Zamora). La búsqueda de un espacio donde puedan instalarse fue un arduo trabajo que llevó mucho tiempo, por eso la tardanza”, explicó Scatolini a Página/12. Según aseguró, el trabajo dio sus frutos: “Se detectó tierra en condiciones de ser transferida, así que ahora debemos reunirnos para acordar de qué manera se va a continuar en el trabajo para que esta gente pueda tener su espacio y mejorar sus condiciones de vida”.
Informe: Ailín Bullentini.

 

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Son 300 familias las que fueron desalojadas hace tres meses, en  Lomas de Zamora. La mitad pudo reubicarse en lo de familiares o con sus propios medios, la otra mitad espera los compromisos de gobierno. 

Se habían asentado hace un año junto a la penitenciaría 40 entre las calles Giachino y San Juan, del barrio Santa Catalina, perteneciente a la localidad de El Centenario. Hasta que les llegó un brutal desalojo.
Desde el principio el despojo tuvo varias arbitrariedades, cuenta el abogado que atiende el reclamo de las familias de ciudadanos bolivianos, en su mayoría.
Policías de la penitenciaria llegaron con una intimación de desalojo e irrumpieron violentamente contra los habitantes del predio. Las familias guardan fotografías y filmaciones de cómo las topadoras tumbaban sus casillas de madera y de cómo golpeaban sin distinción de sexo a las personas que mostraban resistencia.
El abogado, Sebastián Cuccia, cuenta que la nota estaba firmada por un juez suplente y que los jueces en esos días estaban en feria judicial, que no tenían designado un fiscal interventor y que no tuvieron una notificación de desalojo.
Luciana sospecha que el desalojo pudo haber sido para otros asentamientos que se encuentran alrededor. Mientras tanto, no hay expediente, no hay juez, no hay fiscal que entienda en la  causa.
Nada está claro para ellos, que quedando en la calle por meses decidieron reubicarse en frente al predio, junto al asfalto, corriendo el riesgo por la velocidad con que transitan los vehículos, con sus niños a la intemperie, sin agua potable, sin luz, sin el abrigo necesario de un techo ante el frío y el calor.
Ellos relatan que cerca hay otro asentamiento peligroso y que una vez, alguien les incendió una de sus casillas. «Los vecinos no nos quieren ahí, porque temen que se extienda la inseguridad, pero nosotros no somos mal vivientes. Somos gente trabajadora, que nos organizamos y sólo necesitamos la tierra para construir.» Decía Luciana con los ojos cargados de lágrimas.
Son doce manzanas, cada una tiene un delegado que la representa y se turnan la guardia para no ser asaltados de lo poco que les quedaba.
Por contacto del abogado, llegaron a tener un apoyo del diputado Luis Farinello quien había conseguido una audiencia el 17 de agosto con el Ministro de Justicia Ricardo Casal, quien según los afectados y el vicecónsul Valentín Hérbas en aquella instancia les prometió «resolver en 72 horas su problema, dando terrenos con escritura a sus nombres».
«Dijo que nos daría materiales para construcción, terrenos, 20 arquitectos para asesorarnos y que en 72 horas nos daría una solución urgente. Esperábamos respuestas por un predio en Lomas de Zamora, luego en La Matanza, luego en Ezeiza y al último una posibilidad en el Partido de Esteban Echevarría». Ponía al tanto uno de los delegados, al Cónsul general de Bolivia José Gonzáles en la ciudad de La Plata donde verían al Ministro nuevamente.
Por pedido del sacerdote pudieron entrar a la audiencia un damnificado, en este caso fue Luciana y el Cónsul.
En esta ocasión el Ministro estaba ocupado y fueron atendidos por su Asesor: Mariano Martínez. Quien trasmitió que de concretar una entrevista con el Intendente de Esteban Echevarria tramitarían un terreno con la capacidad para contener a las 200 familias.
Al retirarse los delegados se abrazaron pensando en una nueva esperanza. Pese a su urgencia todavía tienen paciencia y esperan de buena fe los compromisos asumidos por el Ministro de Justicia Ricardo Casal.
Amparo Bellot