ADHESIONES AL NO DESALOJO DEL BARRIO LA CANTERA

Adolfo Perez Ezquivel y Coordinacion Nacional SERPAJ

 

Buenos Aires 26 de octubre de 2012

 
A la atención de los siguientes representantes y autoridades del pueblo de la Provincia de Buenos Aires
 
Sr. Gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli

 

SR.Jefe de Gabinete de la Provincia de Bs As, Alberto Pérez

 

Sra. Ministra de Gobierno de la Pcia. de Bs. As., Cristina Álvarez Rodríguez

 

Al Subsecretario de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Pcia. Bs As, Stachiotti

 

Sr.Ministerio Desarrollo Social pcia., Ministro Martin Ferre

 

Sr Secretario Provincial de Derechos Humanos, Secr. Carlotto

 

A la Secretaria Privada Intendente Municipal de La Plata, Pablo Bruera

 

Sr.Defensor Oficial Dr. Juan Bo

 

Al Juzgado Civil y Comercial Nro.13 Dr. Dipp

 

A la Secretaria Privada de la Presidencia de la H Cámara de Diputados, Presidente Dip. H. González

 

 

De nuestra mayor consideración

 

La Fundación Servicio Paz y Justicia les hace llegar las cartas que ha dirigido y que se presentaran por el tema del Barrio La Cantera.

 

Reciban todos Uds. un saludo de Paz y Bien, y esperamos que consideren la situación de estas familias.

 

Adolfo Perez Esquivel

y Coordinacion Nacional SERPAJ

 

  

Piedras 730 (1070) Buenos Aires – Argentina Tel/Fax ( 54-11) 4361-5745 e-mail: serpaj@serpaj.org.ar

Miembro del SERPAJ América Latina, con Status Consultivo ante las Naciones Unidas (ECOSOC) y UNESCO

www.serpaj.org.ar

 

 

Asociacion Internacional de Habitantes

 

 

a 22 de octubre de 2012

 

Gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli

sprivgob@gba.gov.ar 

 privada.gob@gba.gov.ar 

 

Jefe de Gabinete de la Provincia de Bs As, Alberto Perez

albertoperez@jg.gba.gov.ar 

 

Ministra de Gobierno de la Pcia. de Bs. As. Cristina Alvarez Rodriguez

cristina.alvarez@gobierno.gba.gov.a

 

Subsecretario de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Pcia. Bs As, Stachiotti stachiotti@mosp.gba.gov.ar

 

Ministerio Desarrollo Social pcia., Ministro Martin Ferre

privada@mds.gba.gov.ar  

 

Secretaria Provincial de Derechos Humanos, Secr. Carlotto

sdh@sdh.gba.gov.ar


Juzgado Civil y Comercial Nro.13 Dr. Dipp


    Secretaria Privada de la Presidencia de la H Cámara de Diputados, Presidente Dip. H. Gonzalez

hgonzalez@hcdiputados-ba.gov.ar 

 

Presidencia de la H. Cámara de Senadores de la Pcia, Presidente Gabriel Marioto

privadahcs@senado-ba.gov.ar 

 

Dirección de Relaciones con la Comunidad del la H. Cámara de Senadores de la Nación

gabriel.bulgach@senado.gov.ar

 

Secretaria Privada Intendente Municipal de La Plata, Pablo Bruera

privada@laplata.gov.ar

 

 

Cc: resistenciaculturalbarrial@hotmail.com

 

 

 

Solidaridad AIH: no al desalojo del barrio la Cantera y apoyo a sanción del proyecto de ley de expropiación (e-123/11)

La Alianza Internacional de Habitantes (AIH), red internacional de organizaciones sociales involucrada desde hace años en la defensa del derecho a la vivienda, expresa su total solidaridad, con el Barrio la Cantera, Buenos Aires, y apoya la sanción de la ley de expropiación para los ocupantes del barrio, (proyecto de ley de expropiación (E-123/11) y suspensión el desalojo por parte del Juzgado Civil y Comercial 13.

Desde el 5 de octubre la orden de desalojo esta firme y ya salió el mandamiento para ordenar el procedimiento policial para efectuar por la fuerza pública la destrucción del Barrio, los hogares, las viviendas de mas de 7 años y de mas de 39 familias con 100 niños y niñas.

Hace más de un año intervienen, desde una Mesa de Gestión en la Defensoria del Pueblo de la Provincia y de la Mesa de Actuación Interministerial de la Provincia de Buenos Aires, el Defensor del Pueblo de la Provincia, la Subsecretaría de Urbanismo Social de la Provincia, el Ministerio de Desarrollo de la Provincia, la Subsecretaria Social de Tierra, Vivienda y Urbanismo de la Provincia, y la Municipalidad de La Plata.

A días de efectuarse el desalojo y quedar en la calle y sin hogares tantas familias sabemos de la voluntad expresada por el Senado para votar el jueves 25 de octubre el proyecto de ley de expropiación (E-123/11-12). Además, en la semana siguiente se votaría en la Cámara de Diputados. Solicitamos que el Poder Ejecutivo Provincial apruebe el proyecto sin vetarlo.

Además, informamos al Juez que ordeno el desalojo (Juzgado Civil y Comercial Nro.13 Dr. Dipp) el consenso para la aprobación del proyecto de ley en el Senado para el jueves 25/10/12 solicitando plazos para el dictado definitivo de la Ley.

Recordamos que la Argentina ha ratificado y por tanto tiene la obligación legal de respetar los Tratados y Convenciones internacionales que reconocen y protegen el derecho a la vivienda.

En particular, destacamos que el desalojo sin realojo acordado es una violación de:

  • la Declaración Universal sobre Derechos Humanos (Art. 25), adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 de Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948;

  • el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (Art.11), ratificado por Argentina el 19 de febrero de 1968;

  • la Convención sobre los Derechos del Niño (Art.27), ratificado por Argentina el 29 de junio de 1990;

  • la Convención por la eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Art. 14 y 15), ratificado por Argentina el 17 de julio de 1980;

  • la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Art. 34, k), ratificada por Argentina el 19 de enero de 1956;

  • la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Art. 26), ratificada por Argentina el 14 de augusto de 1984;

  • el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el Área de Derecho Económico, Social y Cultural, ratificado por Argentina el 17 de noviembre de 1988.

  • Subrayamos particularmente los Comentarios Generales N. 4 y N. 7 del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos que afirman que cualquier forma de desalojo forzado es incompatible con los requisitos del PIDESC. Subrayamos que el respeto de esta normatividad internacional, incluso las Observaciones Generales del Comité DESC que son interpretaciones autoritativas del PIDESC del cual Argentina es parte, tiene valor jurídico predominante sobre otras normativas,

Ya que se ha llegado a un proceso de solución consensuada eldesalojo es aún más odioso.


Además:

Considerando también que la Constitución Argentina en su art. 14 bis defiende los derechos de los ciudadanos, entre los cuales se encuentra el derecho a tener una vivienda digna.

Como lo subrayado también por la misión de AGFE de UN-Hábitat a Argentina de agosto de 2009, el desalojo sin realojo acordado es una violación de la normativa legal y todas las instituciones de Argentina están obligadas a respetar, proteger, promover y garantizar estos derechos para toda la población y a rendir cuentas periódicamente a las instancias internacionales sobre las medidas adoptada para garantizar su cumplimiento.

Por eso, se da plena solidaridad al Barrio la Cantera, el alto a todo desalojo y se apoya la sanción de la ley de expropiación para los ocupantes del barrio.

Agradecemos mucho su atención a la presente y le solicitamos tenernos informados sobre cualquier acción adoptada en este sentido.


Cristina Reynals

 

Antena Sur AIH y

Campaña Cero Desalojo

 

Pedro Franco

Coordinador AIH y

Campaña Cero Desalojo para América Latina y Caribe


Cesare Ottolini

Coordinador Global

Alianza Internacional de Habitantes

 

 

 

                                                                          La

 

Foro por los derechos de la Niñez, la adolescencia y la                      Juventud de la Provincia de Buenos Aires

 

 

Plata, 31 de octubre de 2012.-

 

 

DECLARACIÓN DE ADHESIÓN AL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN

 

 

           El Foro por los Derechos de la niñez, adolescencia y juventud de la Provincia de Buenos Aires expresa su apoyo y solidaridad con los vecinos del barrio “La cantera“, donde habitan decenas de niños, niñas y adolescentes. Por la presente, venimos a adherir a sus luchas encauzadas por acceder a una vivienda digna, esfuerzos que se han traducido en la elaboración del proyecto de ley NºE-123/11-12, que tramitará en su Honorable Cámara.

        En virtud del proyecto de ley de expropiación, mencionada ut supra, es que venimos a manifestar nuestro apoyo como organización civil, que viene desde hace años colaborando activamente en situaciones en las que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentren vulnerados, como es el caso en cuestión, al vulnerarse el interés superior de todo niño a acceder a un hogar en donde vivir y así poder desarrollar sus otros derechos, que de lo contrario, se estarían lacerando sistemáticamente.

     Asimismo, la provincia de Buenos Aires cuenta con uno de los índices de déficit habitacional más alto del país, según datos extraídos del censo nacional realizado en el año 2010 (http://www.censo2010.indec.gov.ar). Dicho en palabras de la arquitecta Rodulfo, María Beatriz en “Políticas habitacionales en Argentina, estrategias y desafíos” p.4, “en este escenario considerar la situación habitacional resulta complejo. La persistencia del déficit habitacional crítico, el crecimiento y modificaciones cuali-cuantitativas en la formación de los nuevos hogares, la dinámica demográfica concentrada en los sectores más pobres, la obsolescencia física y funcional del parque habitacional producido a principios y mediados del siglo pasado, el nuevo contexto urbano y las formas alternativas de asociación residencial y de expansión urbana, constituyen problemáticas a las que aún no se ha dado adecuado tratamiento.

     Subsumidos en este contexto social, es que los vecinos de La Cantera, han intentado por diversos medios interpelar a todos los poderes tradicionales de un Estado democrático, como lo es el judicial, interponiendo una medida cautelar para evitar el desalojo, el ejecutivo, solicitando audiencias con distintos funcionarios entendidos en la materia, y por último y a lo que a esta Honorable Cámara respecta, el legislativo.

      Empero, tenemos la esperanza que esta Cámara tiene mucho por aportar, ya sea en este caso particular de los vecinos de La Cantera a través de una ley de expropiación, o a toda la sociedad en su conjunto, con la efectiva sanción de una ley de tierras, en donde se regule estas situaciones de deficiencias habitacionales.      

      Siguiendo los lineamientos del arquitecto Víctor Saúl Pelli en “Habitar, Participar, Pertenecer. Acceder a la vivienda- incluirse en la sociedad – “ (Nobuko. 2007, Buenos Aires.pp. 23) “es posible afirmar que las necesidades de la gente son el centro y la motivación genuina de la acción social de vivienda y que “toda elaboración teórica, de acción, o de decisión política, sobre la solución habitacional, debe tener su basamento en el conocimiento profundo y constantemente actualizado de las necesidades de las personas, entendido como conocimiento construido junto con la misma gente que las padece, no sólo la de las estadísticas y de las encuestas sino las personas concretas, con nombres, rostros y diálogo, una por una, uno por uno”.

      Este Foro entiende, en el sentido que nos guía el referido autor Pelli, que el “proceso mismo de acceso a la situación habitacional, en cuanto acontecimiento de suficiente envergadura y trascendencia en la vida de la familia (o individuo) habitantes, como factor en sí mismo de su encauzamiento hacia la adquisición (o recuperación) de capacidades de gestión y de espacios de poder de decisión, imprescindibles para la superación de la situación de exclusión y para el ingreso en paridad de derechos y obligaciones en el tejido social. La incorporación de este nuevo elemento dentro de la estrategia habitacional implica un replanteo de los modos de acción: el enfoque de la acción de producción y provisión de la solución habitacional como una experiencia de empoderamiento, requiere la introducción de pautas fuertes y equitativas de participación del futuro habitante en la gestión integral del proceso de producción y provisión de la vivienda y de una estructura rigurosa de gestión concertada” ( PELLI, Víctor Saúl – Habitar, Participar, Pertenecer. Acceder a la vivienda- incluirse en la sociedad –pp. 47 - Nobuko. 2007, Buenos aires).

       En el caso que motiva esta adhesión de apoyo, es tangible la movilización de los vecinos manifestando sus más apremiantes necesidades, desarrollando acciones tendientes a acceder a una vivienda digna, un derecho adquirido por todo ciudadano, y una obligación asumida, con su correlativo deber de garantizarlo, por parte del Estado.

       Por este motivo, es que venimos a dar fe de la angustiosa realidad de todos los niños, niñas y adolescentes del barrio La Cantera que esperan un desenlace favorable, al momento de decidir la aprobación de la ley, que refiere a la expropiación de los predios, sito en las calles 25 y 514 de la ciudad de La Plata, en los que se encuentran habitando conjunto a sus familias, y que prevé la posterior adjudicación a título oneroso, de aquellos que ocupan los predios de forma pacífica, y sin otro fin que el de asentar sus hogares.

 

 

DERECHOS COMPROMETIDOS EN EL PROYECTO DE LEY

 

         I. El acceso a una vivienda digna es un derecho humano fundamental, que integra el derecho a la vida. La Corte Interamericana ha sostenido, en este sentido, una concepción del derecho a la vida que abarca las condiciones de una vida digna (artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Al respecto, en un célebre obiter dictum en el caso Villagrán Morales y Otros versus Guatemala (caso de los “Niños de la Calle”, Sentencia sobre el fondo, del 19 de noviembre de 1999, párr. 144), la Corte ponderó que: “En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él.”

Por su parte, el acceso a una vivienda digna, está previsto expresamente en nuestra Constitución Nacional en su art 14 bis, mientras que el artículo 36 inc. 7 de la Constitución Provincial obliga a la Provincia a promover “el acceso a la vivienda única y la constitución del asiento del hogar como bien de familia”, garantizando “el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar única y de ocupación permanente, a familias radicadas o que se radiquen en el interior de la Provincia, en municipios de hasta 50.000 habitantes, sus localidades o pueblos”, es decir que, por expresa previsión constitucional, todos los habitantes de la Provincia son titulares del derecho de acceso a una vivienda digna, circunstancia que presupone, como contrapartida, la existencia de un deber estatal de planificar y ejecutar actividades que fortalezcan el acceso de la población a la vivienda

El derecho a la vivienda digna y adecuada, se encuentra establecido en el bloque constitucional previsto por el art. 75 inc. 22 conformado por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, de rango constitucional, supralegal, y de aplicación obligatoria en el Estado Argentino (Conf. Tedeschi, Sebastián, “El derecho a la vivienda a más de diez años de la reforma de la Constitución”, en Abramovich, Víctor – Bovino, Alberto – Courtis, Christian (compiladores), La aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos en el ámbito local, Ed. Del Puerto, 2007, pág. 751).

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su art. 25.1 que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios..".A partir de la Declaración Universal, el derecho a la vivienda fue reconocido como un derecho humano en los tratados internacionales. 

Asimismo, se encuentra reconocido en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5.e.iii); Convención para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias (art. 43), y Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (art. 13 a 19).

         En este mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11, inciso 1, expresamente prevé que: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.-

         En este orden de ideas, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su Observación General Nº 4, Punto 7, ha señalado –con relación al 11, inciso 1 del PDESC- que "el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, 'la dignidad inherente a la persona humana', de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término 'vivienda' se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: 'el concepto de 'vivienda adecuada'... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable" (O.G. Nº4 "El derecho a una vivienda adecuada", Sexto período de sesiones, 1991, documento E/1991/23).

         Según Pisarello, Gerardo, en “Vivienda para todos: un derecho en (de) construcción” (Icaria Editorial, Barcelona, 2003, págs. 117 a 118) los estados en materia de vivienda, al menos, tienen los siguientes deberes inmediatos: A) El deber de no adoptar medidas de carácter deliberadamente regresivo en cuestiones habitacionales, promoviendo desalojos arbitrarios o impulsando recortes o limitaciones en sus políticas, a menos que éstas redunden en mayor eficacia global del conjunto de derechos sociales garantizados en el PIDESC. B) El deber de adoptar medidas legislativas y administrativas deliberadas, concretas y dirigidas de la manera más clara posible a cumplir con los objetivos del PIDESC. C) El deber de adoptar esas medidas en un tiempo razonablemente corto. D) El deber de desplegar todos los esfuerzos posibles y de recurrir al máximo de recursos humanos, naturales, tecnológicos, informativos y financieros a su alcance para satisfacer el derecho a la vivienda. E) El deber de garantizar el ejercicio de los derechos habitacionales sin discriminación. F) El deber de dar prioridad en su actuación a los grupos más vulnerables y a los que tengan necesidades más urgentes. G) El deber de garantizar, incluso en situaciones de crisis, de ajuste o de escasez de recursos, al menos el contenido «mínimo» del derecho a la vivienda, sobre todo para aquellas personas y colectivos que carezcan de un techo de manera absoluta”.

       Estos deberes que menciona el referido autor Pisarello en materia de vivienda, siguen los criterios impartidos en la Observación general N° 3, en los Principios de Limburgo y en el tratado de Mastricht, que son instrumentos internacionales que contribuyen al momento de interpretar y efectivizar los tratados suscriptos por los estados parte, y prevén la responsabilidad internacional de los Estados que no cumplan con las obligaciones de los convenios, considerándolas como violaciones a los mismos.

 

      II. Es de trascendental relevancia explicitar que la lucha por acceder a los predios referidos en el proyecto de expropiación, que motiva esta presentación, se deben analizar desde el paradigma de promoción y protección integral de todos los niños, niñas y adolescentes que pretenden seguir habitando en los terrenos.

       Paradigma seguido por nuestra ley nacional N° 26.061 y provincial Nº 13.298, ambas leyes tienen dos principios rectores fundamentales: el de interés superior del niño y el de corresponsabilidad social.

        El interés superior del niño es un principio jurídico garantista, y se traduce en la plena satisfacción de todos sus derechos,en el que se encuentra comprendido el acceso a una vivienda digna. Evitando de esta forma discrecionalidades de las autoridades, de los adultos, que puedan vulnerar sus derechos, así lo dispone la Convención de los derechos del Niño en su artículo Nº 3.1: “En todas  las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño".

      Por su parte, la ley provincial de promoción y protección integral se refiere en el mismo sentido, en su artículo Nº 4to y 7mo disponiendo que:En aplicación del principio del interés superior del niño, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de todos los niños, frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.” Prevalencia en la exigibilidad de su protección jurídica, cuando sus derechos colisionen con intereses de los mayores de edad, o de las personas públicas o privadas.”Asimismo, en su decreto reglamentario N° 300/2005 se establece que el Estado provincial debe garantizar el acceso de forma prioritaria de los niños en las políticas públicas, acceso a planes sociales, salud, educación y ambiente sano.

      En cuanto al principio de “corresponsabilidad social”, se entiende “la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. En lo central hace referencia a la necesidad de desdibujar los linderos entre lo público y lo privado de tal suerte que se logre la descripción de la “persona” desde sus posicionamientos sociales y no como residuo de las libertades generales.

      Este principio parte de la concepción de entender que el estado como un todo debe ejercer funciones de supervisión y coordinación para que los padres puedan cumplir efectivamente sus obligaciones.

         Aquí, se logra plasmar una vez más uno de los principios del derecho social: diluir las fronteras de lo privado y lo público para la garantía de la dignidad de la persona.

      Por lo tanto, los principios rectores para analizar lo atinente a las medidas legislativas de protección en materia de vivienda, no pueden ser otros que: el de interés superior del niño y el de corresponsabilidad social, lo que nos convierte como adultos, funcionarios, legisladores, en principales responsables en el respeto, promoción y aplicación de los derechos de los niños, que en este momento se encuentran sin la seguridad jurídica idónea de un acceso a un hogar, hábitat, vivienda , propio en donde residir conjunto a sus familias, con todos los perjuicios y vulneraciones que ello conlleva.

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                       

 

 

 

 

EXHORTAMOS      

 

      A merito de todo lo expuesto es que este Foro por los derechos de la niñez, adolescencia y juventud de la Provincia de Buenos Aires, acompaña el proyecto de ley Nº E-123/11-12, e insta al Poder Ejecutivo provincial, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, a dar cumplimiento de acuerdo al contenido y alcances de la normativa vigente en nuestra provincia, nación y en todo el corpus juris internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes.

        Por todo lo solicitado, es que exhortamos a los señores diputados, miembros de los distintos bloques, a que acompañen el proyecto de expropiación con el voto afirmativo.-

 

 

       Saludan a usted muy atte,

 

       Equipo Jurídico del Foro por los derechos de la Niñez, la adolescencia y la                      

      Juventud de la Provincia de Buenos Aires